En la legislación española existen normas que imponen castigos a las personas que realizan determinadas conductas o actividades. Entre tales actividades se encuentran desde por ejemplo conducir bajo los efectos del alcohol, circular en la autopista a más de 200 km/h, hasta el robo o el homicidio. El castigo máximo que se puede imponer es la pena de prisión

que puede llegar a ser de 40 años.

No obstante, y con el fin de que no se condene a personas inocentes, el Derecho Penal establece una serie de garantías fundamentales para las personas que se resumen en el principio de presunción de inocencia (somos inocentes a no ser que se demuestre lo contrario) o en el principio de in dubio pro reo (es decir, que en caso de duda se debe favorecer al denunciado). Es fundamental además que se siga un procedimiento judicial en el que se prueben los hechos denunciados y en el que podamos defendernos, siendo obligatoria la asistencia letrada para el imputado y el acusado. Este procedimiento penal se puede iniciar por denuncia interpuesta en el Juzgado por cualquier persona o bien por intervención directa de la Policía (atestado). Pues bien, en el caso de que Vd precise denunciar unos hechos o necesite defenderse de una acusación totalmente injusta o infundada, pongo a su disposición mis servicios jurídicos, con una amplia experiencia en el sector, conociendo tanto el funcionamiento de las comisarías de policía como el de los órganos judiciales de instrucción o de enjuiciamiento.